Hace unos años, en los noticieros rondaba una noticia: María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de Oaxaca, había sido atacada por un hombre que le lanzó ácido, lo que la llevó a permanecer internada durante medio año en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados. El autor intelectual fue Juan Vera Carrizal, empresario y ex legislador del PRI que había amenazado en varias ocasiones a María cuando intentó terminar su relación. Su hijo, quien fue cómplice, permanece prófugo. Recientemente, el caso resonó gracias a que un magistrado y juez del fuero común decidió que Juan Vera Carrizal dejara el penal para cumplir prisión domiciliaria, María alzó la voz y la decisión fue revertida.
En México, al menos el 63% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida (según cifras del INEGI). De acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International, el 80% de las víctimas que han sufrido violencia ácida son mujeres y suele ser un acto premeditado a modo de castigo o de venganza, con el cual se busca lesionar de forma irreversible a la víctima. La Fundación Carmen Sánchez se encarga de atender este tipo de casos y ha reportado que, en las últimas dos décadas, el 85% de los ataques con ácido fueron perpetrados por hombres exparejas o parejas de las víctimas y el 94% de los ataques quedan impunes. Según la Secretaría de Salud Federal, hasta agosto del 2021 se registraron 47 ataques con ácido en nuestro país.
Actualmente, los ataques con ácido se consideran como un delito de lesiones, mas no se le contempla como un intento de feminicidio. La diputada Marcela Fuente presentará en el Congreso local una iniciativa de ley que busca cambiar el Código Penal y la Ley de Víctimas para que los ataques de violencia con ácido o cualquier otro tipo de sustancia peligrosa sean tipificados y alcancen el grado de tentativa de feminicidio, lo cual podría ser castigado de entre ocho hasta 30 años de prisión. Además, busca añadir el concepto de violencia ácida a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en CDMX y que se provea a las víctimas de todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica. Se propone que esta ley se llame “Ley Malena” en honor a María Elena Ríos Ortiz, quien lucha como activista desde que se convirtió en sobreviviente.
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