En mayo del 2022, la abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada.
El principal sospechoso: el padre de su hijo, Javier López Zavala.
Motivo: ella lo denunció por el abandono del infante y el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia.
Afortunadamente el niño está bajo la custodia de la familia de Cecilia Monzón; sin embargo, a pesar de que se le está investigando por este crimen, él conserva el derecho a la patria potestad del menor de 4 años, lo que implicaría que puede visitarlo cuando quiera.
¿Qué pasa con esas infancias que tienen que convivir con este tipo de agresores porque legalmente es permitido?
Pues con respecto a este caso, el 02 de marzo del 2023, el congreso local de Puebla aprobó de forma unánime la ‘Ley Monzón’: quitarle la patria potestad a los feminicidas y suspendérsela a aquellos que estén vinculados a proceso por feminicidio o intento de feminicidio (si se confirma dicha sentencia, pierde definitivamente ese derecho).
La diputada Mónica Silva, quien apoyó esta reforma desde el principio, pone sobre la mesa una realidad que quizá muchas personas no ven a simple vista: los niños, niñas y adolescentes son víctimas indirectas de estos tipos de crímenes, son daños colaterales y quedan en una situación vulnerable cuando se ven bajo el cuidado del agresor después de sufrir la pérdida de su madre.
Entre enero del 2015 y marzo del 2022, sólo en Puebla se registraron 229 víctimas de feminicidio, de las cuales, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de este estado, la gran mayoría eran madres.
Si ni siquiera existe una estadística clara con la cantidad exacta de madres asesinadas por los padres de sus hijos en todo el país, ¿cuántos de estos menores estarán conviviendo con criminales en un entorno no libre de violencia?
